La nueva ley de educación reconoce al profesor como ´autoridad pública´

farodevigo.es

El profesorado será autoridad pública, según una enmienda introducida al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce), un reconocimiento que ya tienen docentes y directores de centros en Galicia desde la aprobación, en 2011, de la Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, por lo padres y docentes gallegos opinan que es nada nuevo para la comunidad. “Es una reivindicación histórica del profesorado, pero que se incluya ahora en una ley estatal, cuando está contemplada ya en casi todas las comunidades autonómicas es un sinsentido”, critica Julio Díaz, presidente del sindicato independiente ANPE-Galicia, que califica esta incorporación al texto como “un parche”.

“No hacen más que parchear la ley para contentar a unos y a otros, y evitar una huelga educativa”, añade el sindicalista. ANPE ya tiene hasta la fecha: el 24 de octubre. “Vamos a esperar los trámites parlamentarios, pero las negociaciones las negociaciones con el ministro Wert son complicadas y no creemos que vaya a haber cambios sustanciales”, argumenta Díaz.

Uno de los principales escollos que este sindicato ve en la Lomce es que concede a la dirección de los centros la capacidad de elegir al profesorado, algo que consideran un paso atrás. “No vamos a permitir que vuelvan los tiempos del caciquismo sumiso en que el profesor tiene que callar a todo por miedo a no seguir en el centro”, alerta.

Para Manuel Rodríguez, secretario de la Asociación de Directivos de Instituto de Galicia, que una norma contemple la autoridad pública del profesorado no garantiza que se le vaya a tener más respecto. “El respeto hay que ganárselo, porque esté puesto en un papel no te van a tener más”, asegura el docente, para quien la Lomce se ha elaborado sin criterios. “Somos de hacer leyes para todo, leyes que después no se vigila que se cumplan”, opina Rodríguez, que añade que la ley solo recoge algo que ya contempla la jurisprudencia. “En el caso de conflicto, los jueces reconocen al profesor como entidad pública en sus funciones”, añade.

Bertila Fernández, portavoz de la Federación Olívica de Asociaciones de Nais e Pais de Alumnos (Foanpas), desaprueba que el nuevo texto excluya a los consejos escolares del gobierno de los centros y los convierte en meros órganos consultivos. “Se le da todo el poder a la dirección del centro y esto no es ni participativo ni democrático”, explica.

Esta representante de los padres apoya que la nueva ley contemple esta figura, aunque advierte de que también es arriesgado que su palabra tenga valor de prueba. “Somos personas y en algunas circunstancias, un docente puede no ser objetivo”, asegura Fernández, que apuesta por la educación en la convivencia.

Aunque aplaude la medida, Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Padres del Sureste de Galicia (Foanpas), tampoco cree que la norma en sí garantice la autoridad moral del docente. “Es un problema de pérdida de valores en la sociedad”, afirma este padre, para quien sin educación en valores será imposible que el docente recobre la autoridad perdida. “Hay que inculcar respeto y aquí también juega un papel importante la familia”, añade.

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